En los últimos años ha habido un creciente interés por consolidar las obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos individualmente en cada país. Aunque la normalización de procedimientos a nivel internacional continúa siendo importante, asegurar la aplicación a nivel nacional se ha convertido en la prioridad central de la agenda de derechos humanos. La necesidad de aplicación a nivel nacional es especialmente manifiesta en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. A pesar de que existen claras normas internacionales, las personas siguen siendo marginalizadas por la pobreza, la discriminación y la falta de servicios básicos de salud y educación. Superar esta brecha exige los esfuerzos que ya se están llevando a cabo para asegurar que estas normas internacionales se traducen (a través de leyes, políticas, jurisprudencia e instituciones nacionales) en cambios significativos para la vida de las personas pobres y marginalizadas.

Desde CESR apoyamos el trabajo dirigido hacia todas las ramas del Gobierno (la legislativa, la ejecutiva y la judicial), así como hacia los órganos de supervisión oficial, como los defensores del pueblo y las instituciones de derechos humanos. Este trabajo hace que los derechos económicos y sociales progresen a través de reformas políticas y legales, y también contribuye a garantizar que existe reparación para las víctimas de violaciones de derechos económicos y sociales.

Mientras que las leyes y las políticas en la esfera socio-económica (salud, educación, trabajo, seguridad social, etc.) pueden contribuir de forma importante a que se apliquen los derechos económicos, sociales y culturales (proporcionando infraestructura y servicios como colegios, hospitales o inversión de capital), es posible que hayan sido diseñadas o implementadas de tal forma que excluyan o no consigan satisfacer las necesidades de sectores concretos de la sociedad, creando o perpetuando desigualdad y privación.

CESR ha trabajado con activistas y defensores en numerosos países abordando casos como estos para fomentar reformas que alineen las políticas y las leyes nacionales con los estándares y los principios internacionales de derechos humanos. Otro ámbito de trabajo clave para CESR es la labor de incidencia para la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, así como para la aplicación de decisiones judiciales positivas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, con el fin de alentar reformas y garantizar el acceso a una reparación legal en caso de violaciones de derechos. Finalmente, CESR ofrece apoyo a organismos como los defensores del pueblo nacionales y las instituciones de derechos humanos para fortalecer su papel como supervisores independientes de los mecanismos a nivel nacional.